Uruguay: sin efecto la ley de caducidad



La Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que el Estado uruguayo debe juzgar a los responsables de la desaparición de la nuera de Juan Gelman y de la sustitución de la identidad de su nieta Macarena. “Me siento un poco recompensado”, dijo el poeta.
Juan Gelman y su nieta Macarena le ganaron una nueva batalla a la impunidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sancionó a Uruguay por la vigencia de la Ley de Caducidad, que impide que se investiguen, juzguen y castiguen los crímenes cometidos durante la dictadura militar (1973-1985). “Me siento un poco recompensado, pues es reconfortante saber que después de tanto tiempo y sufrimiento al fin se avanzará en una investigación que fue negada durante cuatro gobiernos”, dijo Gelman (ver aparte). Los organismos de derechos humanos celebraron la noticia y esperan que, en las próximas semanas, el Congreso uruguayo deje sin efecto la cuestionada ley.
En agosto de 1976, un grupo de tareas secuestró a Marcelo Gelman y a su compañera, María Claudia García Iruretagoyena, en Buenos Aires. Hacía poco que se habían casado y esperaban a Macarena. Al momento del secuestro, Marcelo tenía 20 años y María Claudia, 19 y siete meses de embarazo. Por los testimonios de los sobrevivientes se supo que la pareja estuvo secuestrada en el centro clandestino de detención conocido como Automotores Orletti, que funcionó como sede del Plan Cóndor, la coordinación represiva pergeñada por las dictaduras del Cono Sur. En octubre de ese año, María Claudia fue trasladada hasta el Servicio de Información de Defensa (SID) de Montevideo, Uruguay. Días o semanas después, los represores la llevaron hasta el Hospital Militar para que diera a luz a su hija. María Claudia está desaparecida. En 1989, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificó los restos de Marcelo. El poeta Juan Gelman buscó a su nieta desde 1976 y tuvo que esperar 23 años para recuperarla. Desde su reencuentro, en el año 2000, los dos transitaron el camino de la Justicia.
La vigencia de la Ley de Caducidad uruguaya, aprobada en 1986 para detener el avance de las causas judiciales contra los represores, impidió que los responsables de la desaparición de María Claudia y del robo de Macarena se sentaran en el banquillo de los acusados. Como en Uruguay no había posibilidades de buscar justicia, el poeta y su nieta presentaron en 2006 una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que decidió remitir la causa a la Corte Interamericana. En noviembre del año pasado se celebraron las audiencias en la instancia judicial de la Organización de Estados Americanos (OEA). Y finalmente llegó el fallo que condena a Uruguay, conocido ayer, pero que data del mes pasado.
FUENTE: Página/12
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