“Me empujaron y metieron en una combi”

“Me empujaron y me metieron en una combi. Había dos tipos adelante y uno atrás, que fue el que me empujó y me tiró adentro”, relata Víctor Oscar Martínez.

A pocas horas de ser liberado en la madrugada de ayer en el barrio de Liniers, el testigo del asesinato del obispo Carlos Ponce de León durante la dictadura denuncia que el lunes pasado fue secuestrado cerca de su casa y que aunque las versiones que dan vueltas “son muchas”, la realidad “es una sola”.
  “Rebelde y antidogmático por naturaleza”, se considera Martínez, de 52 años, quien se presenta como un estudioso de las religiones comparadas; traductor de sánscrito, pali y defensor de los monjes budistas perseguidos en China y Bangladesh. Martínez tenía planeado pasar el lunes al mediodía por una escribanía del centro para retirar unos libros. Caminaba por Pringles rumbo a Corrientes cuando tres hombres lo interceptaron.

El testigo mueve la mano, dando a entender que el vehículo adonde lo metieron tenía una puerta corrediza. 
Le pusieron un cuello de lana sobre los ojos. “Me hicieron masticar grandes cantidades de medicina, el médico me dijo que se trataba de Alplax y Valium”, afirma. El viaje fue en completo silencio. Si bien no pudo calcular cuánto demoró, le pareció “muy largo” y que, en un momento, el coche ingresó a un camino de tierra. “Me deben haber llevado a una casa de campo”, arriesga. 
Al llegar lo encerraron en una habitación donde había un colchón y una frazada. En la casa había pocos muebles.
Aunque no puede describirlos físicamente, dice que los hombres eran mayores, como de 50 años, con “un lenguaje elaborado”, tranquilos, respetuosos. “Me trataban de usted.” En su cautiverio habló con una sola persona que le advirtió: “Le voy a dar seis consejos en tres días, después de esto usted se muere”. 
El primero fue que no podía ir contra el juez Carlos Villafuerte Ruzo, que se encargarían de “pasar a vía muerta” su querella por persecución religiosa.
Martínez mantiene un enfrentamiento con el juez en la causa por el asesinato del obispo Ponce de León, ocurrido en 1977, en un accidente simulado. Villafuerte Ruzo lo acusó de falso testimonio y Martínez le inició una querella.
Los captores, sigue Martínez, le dijeron que su abogada era “una estúpida” a la que “iban a llevar a la quiebra vía multas”. Volvieron a suministrarle pastillas, no le dieron de comer y le dejaron una gaseosa. El hombre que le hablaba le pidió la billetera. “Vio la foto de mi hijo y me dice: ‘¡Qué pena! Por estar en contra de un juez y traicionar a la Iglesia le puede costar la vida a su familia”. Y le sugirió que hiciera “algo inteligente” y que “se fuera del país”.

Más tarde escuchó que uno de sus captores le decía a otro: “El país ya está enterado, lo están buscando por todos lados. Es fácil chuparlo, pero cuando te cierran el círculo es muy difícil desprenderte, larguémoslo ahora”, fue la conversación. 
Entonces le hicieron tomar un montón de pastillas y lo dejaron cerca de la General Paz. Martínez no puede precisar a qué hora lo dejaron en Liniers, donde encontró a un hombre “muy amable”, al que le contó que había sido secuestrado. Esa persona le ofreció el teléfono celular para avisar a su familia.

Al dejarlo en Liniers, los captores le advirtieron que si no quería perjudicar a su familia se tomara un taxi hasta Acoyte y Rivadavia. “Ahí sí buscá a la policía y hacé lo que se te cante”, fue el mensaje. En Caballito, Martínez recordó que había una comisaría sobre Díaz Vélez. Hizo la denuncia en la comisaría 11ª, declaró hasta las 5 de la mañana. “Por lo que sé todo el Gobierno actuó rápidamente”, asegura. 

El testigo de la causa Ponce de León señala al juez Villafuerte Ruzo como el responsable de su secuestro, que “tiene un grupo de tareas” y es parte de “un conflicto mayor que debe resolver a futuro. Estoy seguro de que él puede dar información sobre las imprecisiones en mi relato, como la localización y los horarios” del secuestro, concluye.

Si bien la investigación se encuentra en una etapa inicial y todavía es prematuro anticipar un análisis, allegados a la causa dijeron que “el tema es sensible”. 

En diálogo con Página/12 , aseguraron que “es necesario ser cuidadosos” porque debido al estado en el que se encontraba Martínez al momento de la liberación, la información que aportó al expediente fue poco precisa. “Su relato no aporta demasiados datos para avanzar en la investigación”, señalaron los investigadores. Esto complica el desarrollo en la pesquisa iniciada a partir de la denuncia realizada esta semana por los familiares de Martínez.

Por su parte, Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, se refirió a la desaparición de Martínez y pidió hacerles llegar sus palabras de aliento a todas las personas que están dando su testimonio en los crímenes de lesa humanidad que se llevan adelante en todo el país. “Quiero decirles a todo ellos que el Estado tiene forma de protegerlos, que estamos en un momento de la historia de nuestro país donde quieren imponernos el miedo y desestabilizar a la democracia.” Por último, recordó el atentado que sufrió ella, en 2002, y el intento de secuestro a Sonia Torres, abuela de la filial Córdoba, a quien le gatillaron en la cabeza. “Se trata de las mafias mercenarias”, advirtió.



Fuente: Adrián Pérez  para Página12
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