Juez Luis Arias: "Si las empresas cortasen el servicio incurrirían en una ilegalidad"

Después del fallo de la Cámara Federal, el juez platense Luis Arias, recomienda no pagar las boletas de gas. Además analiza el fallo, describe la discusión de fondo y advierte que en caso de que la Corte Suprema falle de manera adversa se podría recurrir a tribunales internacionales.

Por: Nicolás Hernández
Entrevista: El Antídoto
  



No pagar

Después de que la Cámara Federal de La Plata declare como nulas las resoluciones del Ministerio de Energía y Minería que ordenaban el Tarifazo, “Las facturas que emitieron las empresas no tienen sustento legal en materia de gas” detalla el Juez en los Contencioso y Administrativo platense, quien dictó una cautelar de similares consecuencias pero que fue rechaza por la Cámara de Apelaciones bonaerense.



“Para pagar siempre hay tiempo” continúa, y rescata que previo al corte debe haber instancias de intimación. De todas maneras, advierte que en caso de que las empresas cortasen el servicio “incurrirían en una ilegalidad”.



En ese sentido, descartó la alternativa de un pago precautorio, ya que si la empresa “no lo quiere devolver voluntariamente” el usuario deberá someterse a “un engorroso trámite judicial. Al respecto, Arias cita el ejemplo de la estatal Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA). Según la Suprema Corte Bonaerense, la empresa había cobrado indebidamente sus tarifas durante dos años y medio pero a cuatro años del fallo, “todavía no devolvió ni un peso a ninguno de todos los usuarios”




El alcance

Si bien en el caso del gas “el actual tarifario ha sido anulado”, en el caso de la energía hay algunas complejidades. “La Cámara Federal también emitió una medida cautelar que suspende a EDENOR y EDESUR, que son nacionales y que prestan servicios en el territorio de la provincia de Buenos Aires.”



Sin embargo, el interior de la provincia no fue beneficiada en igual sentido y quedan a la espera de que la Cámara Bonaerense se expida: “Para el resto de las empresas, distribuidoras y cooperativas de la Provincia de Buenos Aires está la cautelar mía que por el momento ha sido suspendida por la cámara” explica Arias.



En cuanto a los riesgos de “no pagar”, el Juez admite que “estamos sujetos a un monopolio legal” y no estamos exentos a las posibles presiones de las empresas; pero “con ese tipo de acciones estarían al margen de la ley y ahí habría que ver si no cometen un delito al oponerse al fallo judicial”.




El debate

 El día martes, el Ministro Juan José Aranguren, secundado por el Jefe de Gabinete, Marcos Peña y el Ministro de Justicia, Germán Garavano, anunciaron como paliativo un techo del 400% para el uso domiciliario y de un 500% para comerciantes y PyMEs. A pesar del tamaño del aumento, la intención es evitar un fallo desfavorable de parte de la CSJN.



Consultado sobre esto, Arias aclaró que “Más allá de las vicisitudes que luego puedan presentarse a partir de un recurso extraordinario que pueda articular el Gobierno Nacional”, el cual ya apeló el fallo, la temática no solo se vincula a una cuestión económica, “sino que hay comprometidos derechos fundamentales que pueden dar lugar a reclamos en tribuales internacionales”






Al respecto, el magistrado ordena el debate en dos cuestiones fundamentales. Una de ellas es el derecho a la información y el incumplimiento de las audiencias públicas por parte del ejecutivo nacional.



¿Sinceramiento?

Para explicar del acceso a la información, Arias ejemplifica con una compra común en el supermercado: “te dan un ticket detallando todas tus compras, precio unitario, precio total, cantidad de productos de manera que cuando llegas a tu casa podes controlar lo que compraste y si te han cobrado bien”.



En contraste, “se dice que la tarifa responde a un sinceramiento” dice, “pero no sabemos qué es eso. No sabemos si el aumento es por la quita de subsidios, por futuras inversiones, por un atraso inflacionario o si es para garantizar la rentabilidad de las empresas extranjeras que tienen su rentabilidad en dólares”



Además, el derecho a la información implica el control: “si hay inversiones, nosotros tenemos derecho a saber cuáles son, porque si no se hacen ¿quién las controla?”

“Yo siempre digo que el servicio público es una actividad que se sustrae de la economía de mercado para beneficiar al usuario no para perjudicarlo”


La razonabilidad

La otra cuestión en debate que es la razonabilidad de la tarifa: “a qué monto de un salario se puede afectar con los servicios públicos”. Para Arias, “esto es importante porque aquí está comprendido el derecho a la vivienda digna”. La República Argentina ha incorporado instrumentos internacionales que han sido incorporados a la Constitución que interpretan que  “la vivienda digna no es vivir entre cuatro paredes y tener un techo encima, sino poder calentarse cuando hace frio, encender una lamparita, abrir la canilla y que salga agua potable.”



Tanto el derecho a la vivienda como el derecho a los servicios deben tener un “costo razonable”. En este sentido, el magistrado se explaya: “pagar un alquiler, pagar la boleta de gas, de luz y de agua no debería ser un porcentaje importante en el salario de la manera que impida el cumplimiento o la satisfacción de otros derecho como la salud, la vestimenta, la educación.”






Democratización del Servicio Público

Luis Arias sintetiza que la discusión de fondo es por “la democratización del servicio público”. En este contexto encuentra que los tres actores fundamentales: la empresa, el Estado y el usuario no se encuentran en igualdad de condiciones. “Resulta que los usuarios nunca tienen participación en la determinación de las tarifa, pese que lo pagan”.

"La empresa hace su propuesta, el poder ejecutivo aprueba y el usuario recibe su factura con el hecho consumado y tiene que salir corriendo a pagar la factura para que no le corten el servicio. Esto es un sistema totalmente autoritario."

A manera de cierre, Arias destaca que el debate no es puertas adentro del Poder Judicial, sino que es “un debate colectivo”. Por eso ve en el acompañamiento o en el repudio de la sociedad una forma efectiva de controlar el Poder Judicial o acompañarlo cuando hay decisiones justas”.

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