"Bullrich está al frente de una operación de instalar la orden de matar" - FM Raices Rock 88.9

miércoles, 7 de febrero de 2018

"Bullrich está al frente de una operación de instalar la orden de matar"

De esta manera lo expresó el abogado y militante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), Ismael Jalil, habló con FM Raíces Rock sobre la doctrina de gatillo fácil que busca impulsar la ministra de Seguridad Patricia Bullrich a raíz del caso Chocobar.



A fines del año pasado, un policía local de la comuna de Avellaneda, Luis Oscar Chocobar persiguió y asesinó por la espalda a Juan Pablo Kukok de 18 años, quien venia de asaltar y apuñalar a un turista estadounidense en el barrio de La Boca.

El juez de Menores Enrique Velázquez procesó a Chocobar por exceso en la legítima defensa y lo embargó por 400.000 pesos. En desacuerdo con la decisión del magistrado, el Presidente Mauricio Macri y la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, recibieron en Casa Rosada al oficial de la Policía Local y le brindaron su respaldo. "Desde el principio de la gestión dijimos que íbamos a cuidar a los que nos cuidan. El agente Chocobar actuó en cumplimiento de su deber" sostuvo Bullrich.

El abogado y militante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, Ismael Jalil, advirtió que desde el Gobierno Nacional existe un "claro mensaje" de política publica de invertir la carga de la inocencia y añadió que "lo que hoy se hacia bajo un manto de impunidad, ahora se realiza sin ningún tipo de problemas".

Por otro lado, el integrante de CORREPI denunció que Cambiemos busca instalar la violencia en la sociedad dado que se diagrama un proyecto de país para muy pocos sectores de la sociedad. "Estamos en un estado de excepción" remarcó.

Con respecto a las represiones ocurridas durante diciembre del 2017 y a los dichos de Duran Barba sobre la pena de muerte, Jalil señaló que intentan naturalizar un discurso de máximos para garantizar un accionar de mínimas y sumó que existieron 725 casos de muertes en manos del estado por gatillo fácil o en contexto de encierro en 721 días de gestión. 

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