Matar a Gardel - FM Raices Rock 88.9

miércoles, 22 de agosto de 2018

Matar a Gardel

Economía en Cartón: detrás del humo del choripan. Columna sobre Economía para El Bondi de la 88.



En el primer año de cualquier curso de introducción al derecho penal lo primero que se enseña es que aunque alguien confiese que mató a Gardel si no hay pruebas no hay preso. La confesión no es prueba y el Art. 18 de la constitución indica que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Sin embargo, la “confesión” de Centeno, ex chofer de Roberto Baratta y ex militar, que fue dado de baja del ejército por deficiencias psicológicas, evidenciadas al tirarle una granada a un superior que no explotó por un problema en la espoleta, es tomada como regina probationum o probatio probatissima por el juez Bonadío y el fiscal Stornelli en la causa de las fotocopias, mal llamada de los cuadernos. Centeno llegó a la indagatoria con su abogado Norberto Frontini, quién también lo asiste en otras dos causas por extorsión y enriquecimiento ilícito. Al abogado defensor no lo dejaron presenciar la indagatoria, donde Centeno estuvo a solas una hora y media con el juez y el fiscal, y de la que salió con defensor oficial, desplazando a su abogado que tramitaba un pedido de excarcelación.  Quizás ambos funcionarios judiciales no se hayan anoticiado de la derogación del Código Procesal Penal de la Nación sancionado 4 de Octubre de 1888 con la ley 2372, y que ya no es práctica judicial habitual, como durante la dictadura militar, que la policía detenga a un ciudadano, le tome declaración en la comisaría, y a partir de lo obtenido en esa declaración salga a buscar la prueba que sostenga la imputación. Seguramente ambos añoren esos buenos viejos tiempos cuando todo era más simple, sin tener que prestar atención a esas estupideces que se denominan garantías procesales. Las violaciones a dichas garantías continuaron con la toma de indagatorias en grupo a los empresarios detenidos, práctica prohibida por el Art. 295 del Código Procesal Penal, que no permite terceras personas en las indagatorias a las que sólo pueden asistir su defensor, y el ministerio fiscal. La misma arbitrariedad en los procedimientos explica el NO llamado a indagatoria y mucho menos la detención de Marcelo Mindlin, dueño de Pampa Energía, Edenor y testaferro presidencial, a pesar de que los cuadernos indican que Baratta visitó a Mindlin en sus oficinas del piso 26 de la Calle Balcarce 547 de donde bajó con dos bolsos conteniendo un millón y medio de dólares.

En la misma semana, el Tribunal Oral Federal 4 condenó a Amado Boudou a 5 años y 10 meses de prisión por encontrarlo culpable de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública. En el mismo juicio se demostró que Boudou no conocía a Vandenbroele y que no tiene relación patrimonial ni contractual alguna con las empresas  The Old Fund ni Ciccone, pero de todas formas fue condenado y detenido en el momento, sin el doble conforme judicial que permite tener sentencia firme, para sorpresa incluso de uno de los miembros del tribunal quién declaró no estar de acuerdo con la prisión ya que no es la lógica que el tribunal siguió en toda su historia. Pablo Bertuzzi, el juez del tribunal que leyó el veredicto contra el ex vicepresidente, fue ascendido el mismo día del fallo a la estratégica Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal.

A la peor situación para las garantías individuales y del debido proceso se le adjunta la peor situación para las garantías económicas y de subsistencia de la población. El derrumbe industrial de junio del 8,1 % interanual es el más alto desde 2002, la construcción bajó por primera vez en 15 meses, el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE), que anticipa el movimiento de toda la economía exhibió un retroceso de 5,8 % interanual en mayo, el Indec calcula que hasta mayo los salarios crecieron cuatro puntos porcentuales por debajo de la inflación que según todos los especialistas del establishment tendrá un piso del 31,8% anual, siempre que “no pasen cosas”. No todos sufren. Los bancos y el sector financiero crecieron 10,8 % en mayo acumulando ganancias por $ 14.555 millones, un 76,1 % más que en el mismo mes del año pasado.

De ser reales, las coimas contabilizadas por Centeno llegarían a los U$S 53 millones, mientras el Poder Judicial (mal llamado Justicia) indica que el monto involucrado es de U$S 160 millones. En 2018, el pago de intereses de la deuda pública a los especuladores implicará 85 veces más, pero ese despojo el legal. Quizás porque el flujo de fondos tiene dirección al norte, y la sede del Poder Judicial que tiene más actividad es la Embajada de los Estados Unidos.

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