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martes, 23 de abril de 2019

La salida

Leo Fusero nos trae la columna semanal de Economía en Cartón: Detrás del Humo del Choripan, con un amplio análisis del contorno político argentino.



El grupo de terroristas sociales que abordó cual corsarios el gobierno nacional en Diciembre del 2015 se apresta a abandonar el barco. Hechas las depredaciones que vinieron a realizar en nombre de la transparencia y la alegría, ven que el buque encalla y que es probable que otro capitán, no muy amorosamente, disponga de la embarcación y de sus libertades ambulatorias apenas saquen un pie del barco. Sin más que hacer, y con la derrota a la vista, la tarea del minúsculo grupo que se sumo al michifus amarillo y lo acompañó hasta el final, es lo que en la jerga de negocios se denomina Control de Daños. En este caso no se trata de minimizar los daños al cuerpo social que su salvajes instintos depredatorios le inculcaron, nada más lejos de su preocupación, sino el de minimizar las consecuencias que esos instintos desatados en los últimos cuatro años con las velas infladas de poder puedan traerles en el fututo inmediato. Como salir del atolladero de perder el poder con las menores consecuencias posibles, tanto económicas (que nadie se atreva a meter la mano en el tesoro pirata que lograron amasar) como judiciales (que no vayan a dar con sus huesos a las catacumbas a las que ellos mismos enviaron a sus adversarios políticos en nombre de la justicia), es la única tarea pendiente del equipo amarillo. Dejar todo lo más ordenado posible y sin futuras complicaciones.

Es dentro de ese marco donde debe entenderse la decisión del juez federal Martinez de Giorgi de confirmar el procesamiento de todos los funcionarios denunciados en la causa del soterramiento del Sarmiento pero despegar a todos los empresarios involucrados, entre ellos el primo presidencial Calcaterra. El juez entiende con meridiana claridad que los funcionarios cobraron coimas, pero que nadie las pagó. En su decisión el Juez debe haber sopesado que su mujer, esta semana, enfrenta al Senado Nacional para que la designen como jueza federal de Hurlingam y que él mismo está concursando para un puesto de camarista. En línea con emprolijar la salida se encuentra el fallo de la Sala I de la Cámara Federal, donde los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi revocaron el procesamiento a Paolo Rocca, alegando que el CEO de Techint no sabía que su segundo, y mano derecha, había pagado coimas por la estatización de la venezolana Sidor. La misma Sala mantiene procesada a CFK bajo el argumento de que ella no podía no saber que funcionarios de tercera línea del estado nacional cobraban coimas, lo que sirve de ejemplo para estudiantes de derecho cuando quieran entender eso del equilibrio de la balanza judicial. Paolo no sabía, Cristina no podía no saber.

La pornográfica relación entre políticos, jueces, fiscales, servicios de inteligencia y empresarios devela la institucionalidad realmente existente. El manejo orgiástico del poder y la impunidad de sus actos demuestran la relación entre ética y deber que tiene la clase política, empresaria y judicial de este país. Para decirlo en criollo, Argentina es un enfieste donde los poderosos se cogen entre ellos sin forro, mientras las mayorías afrontan la delicada tarea diaria de saber si van a poder comer para mantenerse con vida. Asegurar la alimentación de la población y eliminar de una buena vez los parásitos sociales será una de las muchas y arduas tareas del que apoye el culo en el sillón de Rivadavia el verano que viene, salvo que, la sociedad vuelva a decidir, prestarles sus recursos a los mismos de siempre para que sigan con sus maravillosas orgías. Pero las masas sociales parecen indicar en las encuestas que nuestros actores porno deben ir buscando la salida, rápido, y que es la última. 

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