El castigo - FM Raices Rock 88.9

miércoles, 14 de noviembre de 2018

El castigo

Economía en Cartón; detrás del humo del choripan. Una nueva columna de Leo Fusero para El Bondi de la 88. 

La ley de remate público del 3 de diciembre de 1882 otorgó 5.473.033 hectáreas a los especuladores que habían financiado la Campaña del Desierto. Otra ley, la 1552 llamada de “derechos posesorios”, adjudicó 820.305 hectáreas a 150 propietarios. La ley de “premios militares” del 5 de septiembre de 1885, entregó a 541 oficiales superiores del Ejército Argentino 4.679.510 hectáreas en las actuales provincias de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut y Tierra del Fuego. La cereza de la torta llegó en 1887: una ley especial del Congreso de la Nación premió al general Roca con otras 15.000 hectáreas. Roca no disparó un solo tiro en su campaña, que si bien consiguió apaciguar la tentación que Chile sentía por esas tierras, terminó de consolidar la oligarquía agropecuaria que definiría los destinos del país por más de 150 años.  Entre 1876 y 1903, es decir, en 27 años, el Estado regaló o malvendió 41.787.023 hectáreas a 1.843 terratenientes vinculados estrechamente por lazos económicos y/o familiares a los diferentes gobiernos que se sucedieron en aquel período.

Ese es el origen de la oligarquía argentina, que hoy campea en la política con representantes del palo. La Dirección Nacional de Registro de Tierras Rurales indica que, en 2018, en la Provincia de Buenos Aires 53 propietarios tienen un promedio de 44.500 hectáreas cada uno, constituyendo un bloque de 2.359.800 hectáreas. El grupo se aumenta con 1250 propietarios que tienen en promedio 6.977 hectáreas. En conjunto, 1300 personas poseen un tercio de la Provincia de Buenos Aires, pero contribuyen solo al 2.7% del presupuesto provincial, cuyo mayor peso recae en las clases medias trabajadoras urbanas, que sostienen la provincia aportando el 65% del presupuesto vía Ingresos Brutos. Que los dueños de las tierras más productivas del mundo no aporten a la Provincia en función de su riqueza es injusto, pero que condenen al hambre especulando con los precios de los alimentos al resto de los 16 millones de habitantes roza lo ilegal. A su vez, el producido de sus campos se vende al extranjero y se cobra en dólares, dólares que gracias al gobierno amarillo estos terratenientes no están obligados a ingresar al país, y pueden ser dejados fuera de las fronteras nacionales ad eternum. 

La aprobación del presupuesto bestial que la mafia nacional consiguió la semana pasada informa que dicha oligarquía está más fuerte y antinacional que nunca. La aprobación incluyó que los inmuebles rurales quedaran exentos del impuesto a los Bienes Personales. Ni siquiera lo pagarán a cuenta del impuesto a las ganancias. No lo pagarán y punto. La misma norma que excluye del pago de un impuesto básico a los ricos más ricos de la oligarquía argentina determinó que no serán tocados por el impuesto como  si lo será alguien que tenga un monoambiente en Los Hornos. Según el oficialismo, se “oyó el reclamo del sector del campo” durante la votación, que a vistas del resultado debe haber sonado mucho más fuerte que los gases y las balas que la policía de Larreta se cansó de descargar sobre el lomo de trabajadores con reclamos similares, pero sin oídos atentos dentro del Congreso. Según el macrismo, el impuesto se bajó porque “el campo viene haciendo un gran esfuerzo”, lo cual es falaz y lo demuestra los mismos números del presupuesto provincial.  El globerto quizás se entere que Mauricio es Macri Blanco Villegas, y tiene 25.000 hectáreas en la zona de Tandil gracias a que un extranjero ilegal, el calabrés Franco, que llegó pobre y escapando de la mafia, embarazó el virginal cuerpo de Alicia Blanco Villegas que con 15 púberes años  dio a luz a Mauricio. Los extranjeros pobres e ilegales, el embarazo adolescente, la corrupción, la mafia y la droga son temas de sobremesa en esa oligarquía, que endilga todos esos males a los pobres suburbanos, y vota a alguien que los encarna todos juntos.

El Derecho Romano incluía la figura del servus poenae, los siervos de la pena. Condenados a trabajar en las minas o en el circo, se consideraban esclavos sin dueño, ya que su castigo era su dueño. Estaban esclavizados a su castigo. Sus bienes se confiscaban y vendían en provecho del Estado. Es claro que Macri trata a la masa trabajadora como a esclavos, que deben regalar su trabajo, y cuyos bienes son confiscables, de la misma forma que la oligarquía trató a los dueños originales de estas tierras, cuando se las apropio ya que estaban “desiertas”.

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